Redacción Raíces Digital | Una pareja falleció tras sufrir una presunta intoxicación alimentaria luego de consumir comida extraída del basural de Caleta Olivia. Sus dos hijos menores permanecen internados en estado crítico en el Hospital Zonal, bajo atención intensiva. La dimensión humana del hecho es devastadora. La dimensión política, inevitable.
Que en una ciudad santacruceña haya personas buscando alimentos entre residuos y que esa búsqueda termine en muerte no puede reducirse a un dato policial ni a una contingencia sanitaria. Es la expresión más cruda de una crisis social que viene profundizándose y que tiene responsables concretos.
Los basurales a pocos metros del distrito urbano no son solo un problema ambiental. Son el límite visible entre la exclusión y la supervivencia. Cuando alguien se ve obligado a revolver desperdicios para comer, el problema ya no es la basura, es el hambre. Y el hambre no es una fatalidad natural. Es el resultado de decisiones políticas.
Santa Cruz atraviesa una situación económica delicada, con salarios deteriorados, pérdida de empleo y aumento del costo de vida. A nivel nacional, el régimen de Javier Milei aplica un modelo que prioriza el ajuste fiscal, la apertura indiscriminada y el mercado por sobre la protección social. En la provincia, la gestión de Claudio Vidal no ha logrado revertir el deterioro estructural ni fortalecer políticas públicas capaces de contener la emergencia alimentaria. Cuando el Estado se retira o llega tarde, la intemperie social avanza.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación se discuten reformas punitivas y proyectos alejados de la urgencia cotidiana de los barrios populares. Se habla de bajar la edad de imputabilidad y de endurecer penas, cuando los dramas reales están en la pobreza, la indigencia y la falta de acceso a lo más básico. Los chicos pobres son el blanco fácil de los discursos de orden, pero nadie debate con la misma intensidad cómo garantizar que no tengan que comer de un basural.
La tragedia de Caleta Olivia obliga a mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. No alcanza con operativos posteriores ni con comunicados formales. Se necesitan políticas sostenidas para erradicar basurales a cielo abierto, reforzar redes de asistencia alimentaria, generar empleo genuino y recuperar la presencia activa del Estado en los territorios más golpeados.
En una provincia rica en recursos naturales, que una familia muera por consumir residuos es una señal de alarma que interpela a todos los niveles de gobierno. No es un episodio menor. Es un llamado urgente a revisar prioridades y a asumir que la verdadera emergencia no está en los discursos de seguridad, sino en la mesa vacía de miles de hogares.
La política tiene la obligación de responder. Porque cuando la muerte por hambre se vuelve noticia, ya se llegó demasiado lejos.
