Redacción Raíces Digital | Mientras el gobierno de Javier Milei construye su discurso público sobre la “casta”, la transparencia y la lucha contra la corrupción, la Cancillería adjudicó un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, cuya directora ejecutiva es la esposa del ministro Federico Sturzenegger.
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la contratación para la capacitación en idioma inglés de su personal mediante un mecanismo de Adjudicación Simple por Especialidad, por un plazo de nueve meses con posibilidad de prórroga.
El dato político es evidente. La entidad adjudicataria está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, uno de los funcionarios más visibles del gabinete libertario y principal impulsor del recorte estatal.
El monto comprometido asciende a $114.044.133 con IVA incluido, cifra que en el contexto de ajuste, despidos en el sector público y recorte de partidas sociales no pasa inadvertida.
Debido al vínculo familiar, el procedimiento activó el régimen de integridad previsto por el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación. Es decir, el propio Estado reconoció la existencia de un vínculo que obligaba a extremar los controles.
La pregunta política no es si el contrato es legal. La pregunta es otra. ¿Es coherente con el discurso oficial? ¿Es consistente con la narrativa de “fin de privilegios” y “moralización del Estado” que el gobierno sostiene desde el 10 de diciembre?
Durante meses, el oficialismo construyó una identidad basada en la denuncia permanente contra el gobierno anterior por supuestos vínculos, favoritismos y contrataciones cuestionables. Sin embargo, en este caso, una dependencia del Estado adjudicó más de cien millones de pesos a una institución conducida por la pareja de un ministro clave.
El gobierno argumentará que se cumplieron los pasos formales. Pero en política, la transparencia no es solo cumplir procedimientos. También es evitar situaciones que generen sospecha pública.
En un país atravesado por una profunda crisis social, con caída del empleo y deterioro del poder adquisitivo, cada peso del presupuesto estatal adquiere un valor político mayor. Más aún cuando la administración libertaria insiste en que “no hay plata” para salarios, universidades o programas sociales.
La discusión, entonces, no es meramente administrativa. Es ética y política.
Si el combate a la corrupción es una bandera, debe aplicarse sin doble vara.
Porque cuando el discurso y la práctica se contradicen, lo que se erosiona no es solo una contratación. Es la credibilidad.
