Editorial Raíces Digital | En la provincia de Santa Cruz, la obra pública está paralizada, el desempleo en la construcción crece y la protesta social se profundiza. Pero el gobernador Claudio Vidal encontró una solución que promete generar más polémica que respuestas: pidió a la Justicia que habilite permisos para que personas privadas de su libertad trabajen en la construcción del camping de Río Gallegos.
La solicitud, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Pedro Pródromos, llega en un momento crítico. Hace más de 20 días, la UOCRA acampa frente a Casa de Gobierno reclamando trabajo genuino. Mientras los obreros protestan, el Ejecutivo provincial propone reemplazarlos con presos.
La pregunta es inevitable: ¿quiénes serán los beneficiados con esta medida? ¿Los detenidos, que en teoría accederían a una actividad laboral, o el propio Gobierno, que busca avanzar con obras sin pagar mano de obra? ¿Qué criterios definirán qué presos pueden salir? ¿Habrá una retribución justa o simplemente se usará su trabajo para maquillar la crisis?
Para el gremio de la UOCRA, esta jugada no solo es una provocación, sino una amenaza directa: si el Estado puede recurrir a mano de obra carcelaria, ¿qué futuro les espera a los trabajadores formales?
Mientras tanto, la falta de obra pública y la ausencia de un plan de reactivación económica siguen siendo una deuda pendiente. Y la verdadera discusión queda abierta: ¿se trata de una medida de reinserción social o simplemente de trabajo esclavo disfrazado de política pública?
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