La diputada por el pueblo de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, lanzó un contundente mensaje dirigido a las autoridades y a la justicia provincial, en el que solicitó igualdad en el tratamiento de las causas judiciales que involucran a funcionarios provinciales. En declaraciones recientes, Ponce hizo énfasis en la necesidad de celeridad y transparencia, marcando un contraste entre los pedidos de la oposición y las acciones concretas que, según ella, aún están pendientes.
«De la misma manera en que el exministro de Gobierno, Pedro Luxen, solicita que la justicia actúe con celeridad, nosotros hacemos el mismo pedido para que se actúe en las causas de distintos funcionarios provinciales», sostuvo la legisladora. Entre los casos mencionados, Ponce destacó el del Ex Intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, quien enfrenta, según su declaración, “siete causas judiciales”. Además, puso el foco sobre la exministra de Desarrollo Social, actual subsecretaria de la Mujer, sugiriendo que «no estaría mal que organice talleres para los funcionarios machistas, comenzando por don Leguizamón».
Cuestionamientos sobre el manejo de armas
Ponce también se refirió al hallazgo de armas en propiedades vinculadas a funcionarios de relevancia provincial. Mencionó específicamente al exministro de Trabajo, Gutiérrez, y a la actual presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Rasgido. Estos hechos, según la diputada, deben ser esclarecidos para despejar cualquier duda sobre irregularidades.
Un llamado a la coherencia política
Con un tono crítico, Ponce exhortó a quienes «afirman ser diferentes» a demostrar con hechos su compromiso con la ciudadanía. “Nada mejor que refrescar la memoria a quienes dicen ser distintos”, expresó, en alusión a sectores políticos que, según ella, priorizan la imagen por sobre la gestión efectiva.
Finalmente, la diputada cerró su mensaje con un llamado a la acción: «Es hora de dejar de pasear, dejar de lado las fotos y comenzar a resolver, no solo para los propios, sino para todos los santacruceños”. Su declaración pone de manifiesto el descontento con lo que considera una falta de respuestas concretas frente a las problemáticas que afectan a la provincia.
El planteo de Ponce evidencia tensiones políticas y sociales en Santa Cruz, demandando atención inmediata sobre temas que afectan tanto a la transparencia institucional como al bienestar ciudadano.
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